Una nueva ronda de negociación entre petroleras, gremios del sector y el gobierno dio como resultado un principio de acuerdo, basado en "aumentar el valor boca de pozo del gas y también del petróleo", según anticipó el secretario del sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra. Para evitar que suban tarifas y combustibles al público habría más subsidios estatales, se supo también tras la reunión.

El acuerdo final que aún se aguarda permitiría poner fin al conflicto, que se ha prolongado a lo largo de este año, y reactivar la actividad dejando atrás la amenaza de despidos masivos, que los sindicalistas venían cifrando en centenares de trabajadores.

De todos modos, Pereyra ratificó "por las dudas" el paro de 48 horas que comenzó el miércoles. "Hay un principio de acuerdo, pero hasta que no firmemos algo el paro va a seguir, no hay lugar para suspenderlo", dijo.

La propuesta que llevaría al acuerdo, surgida del ministerio de Planificación Federal que encabeza Julio De Vido, pasaría por un mejoramiento del precio que CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, pagaría a las empresas por el gas que les compra para las usinas térmicas, pero en ningún caso implicaría tocar las tarifas que pagan los usuarios.

Según fuentes nacionales el precio, que orilla 1,60 dólar el millón de BTU, fue automáticamente elevado a 1,90 y en los próximos meses experimentaría una suba aún más consistente, pero de manera escalonada.

En paralelo, el gobierno nacional estaría dispuesto a volcar parte de los recursos del Fondo del Gas -que se forma con un adicional que se cobra a los usuarios y cuyo fin último es financiar los subsidios- para mejorar la ecuación de las empresas del sector.

Una fuente cercana al gobernador neuquino Jorge Sapag, quien participó activamente de las negociaciones, explicó que la idea es inyectar varios "cientos de millones de pesos" adicionales en la industria, cuestión de que esta vuelva a la plena actividad.

Desde el sector privado se señaló en Neuquén que "el gobierno nacional y los mandatarios provinciales son quienes tienen que alcanzar un acuerdo sobre el tema". Manuel Arévalo, titular del gremio de Jerárquicos, confirmó esta apreciación al señalar que "ahora está claro que el problema es de precios y no de crisis. No hay crisis para las empresas, los balances lo demuestran. Lo que nosotros queremos son políticas de estado serias, concretas, coordinadas entre Nación, provincias, empresas y gremios, y no sólo para paliar un conflicto. Hace tiempo que estamos planteando cosas que por suerte ahora comienzan a ser escuchadas", añadió.  

Presión de Moreno

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que había disminuido desde hace dos semanas su contacto con las empresas tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas, inició una ronda de llamados telefónicos reclamando a algunas empresas petroleras disminuir el precio que cobran por las naftas y el gasoil en las provincias.

El diario El Cronista había publicado el día anterior que llenar el tanque de nafta cuesta hasta $ 40 más en las provincias que en la Ciudad de Buenos Aires. En el interior, la nafta súper, la más consumida en la Argentina, cuesta entre 40 y 70 centavos más por litro (entre 15% y 20% más) que en la Capital Federal. De esa manera, para llenar un tanque de nafta de 50 litros (auto mediano) hay que desembolsar $ 147,5 en la Capital, mientras que hacerlo en Junín (provincia de Buenos Aires) o en el Chaco cuesta $ 184,95 y en Neuquén la variación va desde los $ 170,45 a $ 175,45 según la marca que el automovilista elija.

En el mercado dan dos explicaciones que justifican la diferencia de precios entre las provincias y la Capital. Por un lado, sostienen que la influencia de Moreno, siempre atento a las variaciones de precios en los surtidores, no llega hasta el interior del país con la misma fuerza que lo hace en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. A eso se suma que la mayoría de las estaciones fuera de la Capital están en manos de pequeños y medianos propietarios, quienes reciben precios sugeridos por parte de las petroleras que les proveen los combustibles, pero no los aplican en todos los casos.