Luego de que lo anunciara el presidente Luiz Lula da Silva, la titular del bloque oficial del Senado, Ideli Salvatti, afirmó que las multinacionales del petróleo están interesadas en controlar las reservas gigantes descubiertas desde 2007. |
Las empresas petroleras extranjeras "están locas por quedarse" con los cerca de 50.000 millones de barriles de petróleo ubicados en una franja costeña de 800 kilómetros del sudeste brasileño, señaló la congresista, que representa al gobierno en la Cámara Alta.
El presidente del Brasil anunció cuatro leyes que regularán el nuevo modelo de explotación petrolera, en un acto al que fueron invitados todos los gobernadores y ministros de su gabinete. "El petróleo pertenece a todo el pueblo brasileño" y la exploración de las reservas de crudo es "un pasaporte al futuro" para Brasil, aseveró Lula.
Los cuatro proyectos de ley entregados a los titulares del Congreso serán tratados con carácter de urgencia. Para la senadora Salvatti a partir de ahora se "inicia un juego importante" en el Legislativo. "Será en una pelea de pesos pesados, donde está en disputa el interés de Brasil frente a las grande multinacionales", opinó la congresista, miembro a la vez del Partido de los Trabajadores.
La propuesta lanzada por Lula, que concede un rol central a la petrolera estatal Petrobras, fue objeto de críticas: "Las empresas privadas están preocupadas con el modelo", informó por ejemplo el diario Valor Económico.
Así las cosas, el gobierno brasileño enfrentó el martes 2 su primera "batalla" política para aprobar la reforma del modelo de explotación petrolera cuando la oposición rechazó que los proyectos sean tratados en régimen de urgencia, tal como lo propuso el presidente da Silva, tras intentar el oficialismo llegar a un consenso sobre cómo serán tratados las propuestas.
Los analistas consideran que la reforma del modelo petrolero es el proyecto más ambicioso de Lula en el último tramo de su gobierno, que concluirá el 31 de diciembre de 2010. El carácter de "urgencia constitucional" de la iniciativa presentada, rechazado por la oposición, obligaba a los congresistas a aprobarlo en 90 días. |