Los trabajos para elevar la cota de la represa que Paraguay y Argentina comparten sobre el río Paraná habían dejado en las últimas semanas cientos de damnificados por las inundaciones en territorio paraguayo, y fueron duramente cuestionados en nombre de la ecología por el mandatario progresista Fernando Lugo, electo recientemente, y su equipo de colaboradores.

Lugo exigió el martes bajar el nivel del embalse hasta tanto concluyan las obras de mitigación ambiental, en una intervención que provocó la renuncia del director paraguayo de la entidad, Paul Sarubbi.

El sustituto de Sarubbi, Hugo Ruiz, aseguró el jueves que la entidad llegó a un acuerdo con los comerciantes ubicados en las zonas inundables que se negaban a abandonar los predios, por lo que los trabajos no se paralizarán, según un comunicado de la central.

Los directivos de la hidroeléctrica aseguraron además que no existe riesgo ambiental debido a que "se han respetado todas las exigencias de una construcción de ese tipo en materia sanitaria y ecológica, de acuerdo a las recomendaciones de los más reconocidos expertos nacionales e internacionales".

 Las obras están contempladas en el Plan de Terminación de Yacyretá que permitirá la elevación del embalse a 83 metros sobre el nivel del mar en un plazo no mayor a un año para que la central opere a su máxima capacidad.

Argentina, que enfrenta restricciones en la oferta de energía, consume más de un 90 por ciento de lo producido por la hidroeléctrica ya que compra a Paraguay el excedente que no utiliza.

El nuevo Gobierno paraguayo anunció que negociará desde agosto un mejor precio por lo que vende a su vecino. "Esperamos que (el rechazo de Lugo) no complique (la relación con Argentina)", dijo a los periodistas el canciller Rubén Ramírez Lezcano.