Según Marsans, los atrasos en el pago de salarios, una creciente deuda, el alto precio de los combustibles y las tarifas reguladas por el Estado y retrasadas, generaron un explosivo cóctel en Aerolíneas Argentinas, comprada al borde de la quiebra por el grupo ibérico, en 2001, a la estatal española SEPI.

La situación de Marsans genera graves problemas para los pasajeros en los aeropuertos, por demoras y cancelaciones, dado que la firma junto con su asociada Austral controla el 80 por ciento de los vuelos domésticos.

Un portavoz de la secretaría de Transporte confirmó que el gobierno realizó el pedido al juez en lo Comercial 15, Jorge Sícoli, que ahora deberá analizar si lo acepta y designar un interventor, lo que podría iniciar una compleja trama legal.

Enrique Fressia, miembro del gremio de aeronavegantes, y Ricardo Cirielli, jefe del gremio de mecánicos aeronáuticos, apoyaron que la Justicia ordene la situación financiera de la firma: "Acompañamos esta decisión porque es importante que la justicia intervenga Aerolíneas Argentinas, visto el desmanejo que hay en la compañía", dijo Cirielli. "La situación se generó a consecuencia de seis años de gestión del grupo Marsans (...) que lo único que hicieron fue volver a robarnos y estafarnos porque no invirtieron ni un sólo dólar en Aerolíneas", agregó.

 La empresa compite en el mercado local con la chilena LAN Airlines, que se hizo cargo oportunamente de los servicios de otras dos aerolíneas quebradas. La agencia Reuters indicó que mientras avanza el proceso judicial, siguen creciendo las versiones de que el Estado decidiría directamente nacionalizarla, estatizándola o canalizando la venta a grupos privados locales con buena relación con el Gobierno. Marsans posee el 95 por ciento de la aerolínea y negocia venderle a un empresario argentino un 37 por ciento del paquete accionario.

No obstante, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que el Gobierno aún "no pudo avanzar" en su plan de incorporar a un socio argentino a la firma "por el cuadro de deterioro de la empresa y su incapacidad técnica de operar, agravado por la imposibilidad de pagar" sus deudas, que rondan los 400 millones de dólares.

 El grupo también ha cerrado un acuerdo con el Estado argentino para que eleve su participación en la firma del 5 al 20 por ciento.

 Reclamo español - El vicepresidente del gobierno español, Pedro Solbes, respondió con un nuevo reclamo de "seguridad jurídica" y de aplicación y respeto a "normas claras y estables" ante el escenario de inminente intervención de Aerolíneas Argentinas que impulsa la Casa Rosada.   .