La Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó este martes que, si bien Uruguay incumplió disposiciones internacionales al autorizar la instalación de las pasteras Botnia y Ence y de un puerto en la ciudad de Fray Bentos, "no hay motivos" para ordenar el desmantelamiento de la pastera finlandesa.

Por 13 votos a 1, la Corte definió que Uruguay no cumplió con sus obligaciones procesales establecidos en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay. Por otra parte, los jueces determinaron, por once votos contra 3, que Uruguay no violó sus obligaciones sustantivas establecidas por los artículos 35, 36 y 41 del tratado firmado en 1975.

En ese sentido, para La Haya, Botnia no produce contaminación visual ni sonora. El presidente a cargo del organismo, Peter Tomka, sostuvo en su lectura que "no hubo contaminación visual ni sonora" sobre el curso de agua compartido por ambas naciones, añadiendo que "la demanda sobre malos olores y su impacto en el turismo no es competencia de esta corte".

Tras escuchar el fallo, Susana Ruiz Cerutti, consejera legal de la Cancillería argentina, se mostró satisfecha por la resolución. "Nos remitieron a profundizar el trabajo para vigilar estrictamente a Botnia. Vamos a volver al camino de la cooperación entre la Argentina y Uruguay, que nunca debimos haber abandonado", manifestó.

La delegación argentina, presente en los tribunales, estuvo encabezada por la consejera legal de la diplomacia argentina, en calidad de embajadora, Susana Ruiz Cerruti; el embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi Marenco; y el embajador Horacio Basabe, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

El litigio en la Justicia internacional comenzó en mayo de 2006, a partir de una demanda del gobierno argentino por la violación del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Para las autoridades argentinas, esta violación se produjo a partir de la instalación unilateral e inconsulta de dos fábricas de celulosa, aunque una de ellas nunca vio la luz ya que su propietaria, la española Ence, cambió de planes y vendió su proyecto al consorcio sueco-finlandés Stora-Enso y al chileno Arauco, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira, a orillas del Río de la Plata.

Debido a una gigantesca nube de cenizas procedente de un volcán islandés que paralizó casi por completo el tráfico aéreo en Europa, la delegación argentina -y también la uruguaya- debieron viajar este fin de semana en avión hasta Roma y luego en tren y automóvil hasta La Haya.  

¿El fin del conflicto? 

Ambos gobiernos habían prometido previamente que respetarían y ejecutarían el fallo -en realidad Uruguay habló de administrar el veredicto-, confiados en que la decisión servirá para enterrar el litigio y normalizar al fin sus relaciones tras cinco años y medio de rispideces y cortes de carreteras y puentes por parte de un grupo ambientalista de la ciudad fronteriza de Gualeguaychú, en la Argentina.

Precisamente, en un mensaje a los ambientalistas de Gualeguaychú, la consejera Ruiz Cerutti sostuvo que la decisión adoptada por la Corte de La Haya "significa que la lucha de ellos se vio reflejada en la sentencia".

La diputada opositora por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo en conferencia de prensa que el fallo de la Corte Internacional de La Haya "tiene una contundencia terminante debido a la falta absoluta de pruebas presentadas por el Estado Argentino".

No obstante, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, opinó que "es un proceso que debemos digerir. No es lo que esperábamos, pero nosotros como Estado recurrimos a esta instancia judicial conscientes de que respetaríamos la decisión", admitió. De todos modos, sostuvo que con la sentencia "quedó muy clara la violación del tratado del Río Uruguay" y dijo que el fallo "va a impedir que el río en adelante sea un Riachuelo".

En Uruguay, en tanto, el canciller Luis Almagro evaluó positivamente el dictamen de La Haya y sostuvo que en el gobierno del presidente Mujica "hay tranquilidad" y que de inmediato se comunicaría con su colega argentino, Jorge Taiana, para acordar un encuentro entre los presidentes de ambos países.

Luego de realizar un resumen del fallo y de afirmar que éste dictaminó que Uruguay no ha incumplido con las obligaciones de fondo del Estatuto del Río Uruguay, Almagro señaló: "La sentencia, luego de un profundo análisis, concluyó que los estándares están acordes a los parámetros de excelencia que Uruguay se impuso" y que "están acordes a los establecidos internacionalmente". El canciller oriental dijo además que este fallo sirvió para reafirmar el papel de la institucionalidad en Uruguay y manifestó su disposición a realizar un trabajo conjunto con Argentina para mejorar las relaciones tras la ruptura de 2006.