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AUNQUE CON CRÍTICAS LA DEUDA DE LARGO PLAZO SIGUE EN "B-"

Standard & Poor´s mantuvo la nota de Argentina

La calificadora internacional advirtió sobre el "limitado acceso al financiamiento y falta de previsibilidad de la política económica en un contexto de elevada inflación" y la "creciente rigidez del gasto del Gobierno".

11/4/2013

La calificadora internacional Standard & Poor´s mantuvo hoy la nota de la deuda de largo plazo en "B-" con perspectiva negativa, y advirtió sobre el "limitado acceso al financiamiento y falta de previsibilidad de la política económica en un contexto de alta inflación".

En un informe, la agencia realizó también una advertencia acerca de la "creciente rigidez del gasto del Gobierno".

De esta manera, Standard & Poor´s se sumó a las agencias Fitch y Moody’s, que mantienen notas bajas respecto de la deuda de largo plazo del país.

S&P explicó que la nota "refleja el limitado acceso de la Argentina a financiamiento, la falta de previsibilidad de la política económica en un contexto de alta inflación y creciente rigidez del gasto del Gobierno".

En un informe elaborado por la misma calificadora en septiembre de 2011, había realizado advertencias sobre estos mismos temas, señalando "el limitado acceso del Gobierno a fuentes de financiación, las incertidumbres respecto de su política económica que contribuyen a una inflación de doble dígito, y la rigidez del gasto público".

Las calificadoras vienen advirtiendo sobre los riesgos de que el país ingrese en un "default técnico" si el Tribunal de Apelaciones de Nueva York llegara a fallar en contra de la Argentina en la demanda iniciada por los fondos buitre.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno pagó puntualmente cada uno de los vencimientos y adelantó que lo seguirá haciendo apelando a las reservas del Banco Central.

La presidenta Cristina Kirchner ha venido realizando duros cuestionamientos a estas agencias, a las que acusa de no haber advertido la crisis financiera mundial.

En la víspera, la calificadora Moody s respaldó los argumentos de los fondos buitre en el juicio por 1.330 millones de dólares que le reclama a la Argentina por bonos que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.


 

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