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HUBO UNA CONFUSIÓN CON "LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS".

No aplicarán la Ley Antiterrorista a Donelley

El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, trató de aclarar la confusión creada por un anuncio de la presidenta Cristina Kirchner, cuando el miércoles pasado anunció frente a gobernadores y empresarios que iba a aplicar la Ley Antiterrorista contra la gráfica Donnelley.

19/8/2014

Con casi una semana de demora, Vanoli dijo que hubo "una confusión" y que la denuncia que instrumentará la Administración Federal de Ingresos públicos será por "quiebra fraudulenta".

La Presidenta denunció la semana pasada una conspiración de los fondos buitres, en la que incluyó a la imprenta Donnelley, de origen estadounidense, que despidió a 400 empleados.

"Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero", anunció la mandataria en esa oportunidad.

Según su versión, Donnelley estaría vinculada con el fondo de inversión Black Rock al que vinculó a Paul Singer, dueño de NML, el fondo que ganó el juicio a la Argentina en Nueva York.

La presidenta explicó que el cierre de la imprenta habría sido una maniobra de amedrentamiento y boicot de parte de los fondos buitres para obligarla a pagarles la deuda que reclaman.

La conspiración incluía, según la mandataria, una maniobra "política y geopolítica" de los fondos buitre para "volver a endedudar a la Argentina y que se caiga toda la reestructuración de la deuda", agregando que detrás de esa estrategia estaba la intención de Estados Unidos de quedarse con las reservas de gas y petróleo de la Argentina, porque "Medio Oriente está viviendo una situación muy complicada".

En ese contexto, la titular del Ejecutivo dijo que aplicaría por primera vez la Ley Antiterrorista, sancionada hace poco tiempo en el país, algo que fue inmediatamente rechazado por el empresariado y la oposición.

"La denuncia de la AFIP no es bajo la ley antiterrorista, sino por quiebra fraudulenta", aclaró hoy el titular de la CNV en declaraciones radiales, añadiendo que, de comprobarse que la firma falseó la quiebra, el asunto podría derivar en la aplicación de "la ley de delitos económicos".

Según Vanoli, como esa norma fue aprobada en conjunto con la Ley Antiterrorista, de ahí nació la "confusión" presidencial.

Lear volvió a funcionar

El director de la autopartista Lear, Antonio Marín, explicó que "es una planta que tiene trabajo" y admitió que el principal cliente de la firma "se vio forzado a importar" debido a los constantes problemas gremiales que frenaron la producción.

Marín ratificó que la intención de la empresa es "no" reincorporar a los 61 despedidos de la planta, ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco, que volvió a funcionar "normalmente" tras más de veinte días de inactividad por conflictos sindicales.

El empresario recalcó: "La comisión interna nunca se sentó a charlar con nosotros y no responden al sindicato SMATA, al que pertenecen los empleados; sólo le interesa el conflicto porque responden a un partido político".

 

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