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POLÉMICAS DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO EN EL SENADO

Media sanción a la Ley de Abastecimiento

En una sesión que se prolongó hasta pasadas las cuatro de la madrugada y luego de haber otorgado media sanción al proyecto de Pago Soberano de la deuda argentina, el Senado de la Nación debatió y aprobó el paquete de leyes de defensa al consumidor, otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

4/9/2014

Pasadas las cuatro de la mañana de hoy el Senado de la Nación dio media sanción y giró a Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento generado por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y que habilita al gobierno a establecer "márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos de precios". Previamente, el recinto ya había brindado el mismo resultado pero para la Ley de Pago Soberano.

La iniciativa también prevé la creación de un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional sobre la materia. El proyecto fue aprobado por 38 votos a favor y 27 en contra. Por otro lado, la creación del fuero nacional obtuvo 53 votos a favor y tan sólo 11 en contra, contando con el apoyo de la Unión Cívica Radical.

El senador santacruceño Pablo González fue el miembro informante del bloque oficialista y subrayó que "el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas", las cuales no son contempladas por la reforma de la Ley de Abastecimiento siempre que no tengan posición dominante de mercado.

No obstante, la discusión del proyecto de Ley resultó altamente polémica: a la hora de exponer sus reparos, el radical formoseño Luis Naidenoff señaló que “si bien el Gobierno nos habla desde los fundamentos de los desafíos de la nueva economía, estamos ratificando una ley que tiene más de 40 años. La rechazamos porque estamos convencidos que vulnera el orden jurídico establecido, y porque esta ley es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país”.

El legislador añadió que se trata de “una ley muy pesada, que ha sido implementada en una circunstancia y un contexto especial” y que, desde el punto de vista jurídico, “pierde de vista cuál es el rol del Estado”, y “desde el punto de vista económico, nuestra Constitución garantiza la libertad de trabajar, de ejercer el comercio, desde el amparo de la más absoluta libertad”, aunque con la salvaguarda de que “estos derechos no son absolutos”.

“Estamos tratando una ley que otorga un abanico de herramientas al secretario de Comercio que son absolutamente contraproducentes, porque atentan contra los parámetros y principios que establece nuestra Constitución”, insistió.
Naidenoff tomó al pie de la letra los dichos de los funcionarios del gobierno, que en su paso por el plenario de comisiones señalaron que “no hay emergencia ni desabastecimiento”, ante lo cual se preguntó cuál es la razón de avanzar con el proyecto y argumentó que se trata de “una herramienta irracional”, acusando al Ejecutivo de tomar la decisión de “meter mano con las viejas mañas”.

Tras el legislador radical, el senador salteño Juan Carlos Romero se refirió a la norma en discusión como “de desabastecimiento”, y tras definirla así dijo que “es lo que va a lograr, por eso la llamo así” ya que “en este contexto todos los conocedores del tema coinciden en que “esta ley desincentiva la inversión”; por su parte, la legisladora Norma Morandini señaló que la ley, “en nombre de defender al consumidor, va a darle al secretario de Comercio todo el poder para que decida” y su par, la peronista Liliana Negre de Alonso, coincidió al considerar que la nueva Ley contiene "violaciones a la Constitución" por "darle facultades judiciales a un órgano administrativo".

El Estado, si la ley es aprobada en Diputados, podrá controlar “estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”. También indica que quedarán excluidas las pequeñas y medianas empresas "que no posean posición dominante en el mercado”.

Según el texto de la normativa, el objetivo es “evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales”.

Las empresas que suban los precios injustificadamente o de manera artificial podrán ser sujeto de sanciones o clausuras.

Advertencia de Exportadores

El presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla, advirtió que, de aprobarse el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento impulsado por el gobierno, "las inversiones serán castigadas por el aumento del riesgo político” y pidió "recapacitar y evitar que se dé un paso negativo".

El directivo también aseguró a través de un comunicado que "la principal escasez existente es de confianza y credibilidad" y afirmó que "la respuesta" a esa problemática "son políticas públicas de calidad y no una Ley de Abastecimiento que generará más incertidumbre afectando a las cadenas exportadoras y la competitividad".

"El gobierno debe revisar sus diagnósticos. En el 2013 pronosticó que las exportaciones del 2014 serían 94.034 millones de dólares y la realidad es que este año estarán en el orden de 76.000 millones", concluyó.



 

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