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MINISTROS DE ECONOMÍA APROBARON LA NORMA POR UNANIMIDAD

El secreto bancario desaparecerá en la UE en 2017

Desde el 1 de enero desaparecerá el secreto bancario en la UE. Hasta ahora Luxemburgo y Austria mantenían un veto que no permitía a los fiscales investigar a los defraudadores. El objetivo de la iniciativa, adoptada por los ministros de Economía, es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

16/10/2014

Desde el próximo 1 de enero desaparecerá el secreto bancario en la UE, ya que hasta ahora Luxemburgo y Austria mantenían un veto que no permitía a las autoridades fiscales investigar a los defraudadores en todos los países.

Los ministros de Economía de la UE aprobaron por unanimidad una norma que permitirá el intercambio de información entre países para poder determinar correctamente la cantidad de impuestos que se les adeuda, evitando así que los defraudadores escondan sus ingresos.

La nueva directiva establece que ningún Estado miembro podrá denegar información sobre un contribuyente del país que solicite los datos aduciendo únicamente que esa información la tiene un banco u otra institución financiera.

A partir de primero de año de 2015 cuando un Estado de la UE reciba una solicitud de información procedente de otro Estado deberá contestar en un plazo máximo de seis meses.

Los ministros de Economía han pactado unos puntos que deberá incluir la solicitud, como la identidad de la persona investigada y el objetivo fiscal que se investiga, ya que de este modo se evitarán imprecisiones.

La directiva prevé un intercambio automático de información, que se irá aplicando de forma paulatina, para ocho categorías de ingresos y capital: rendimientos del trabajo, honorarios de director, dividendos, incrementos de capital, derechos de autor, productos de seguros de vida, pensiones y propiedades de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios.

A partir de 2015, los Estados miembros comunicarán de forma automática información sobre un máximo de cinco categorías.

Cada año el fraude fiscal representa entre el 2 y 2,5% del PIB de la UE, lo que significa entre 200.000 y 250.000 millones de euros.




 

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