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CALIFICACIÓN DE TELECOM AL PROYECTO DEL GOBIERNO ARGENTINO

“El plan de telecomunicaciones es insuficiente”

La mayor parte de quienes actúan en el sector están de acuerdo con la necesidad de una nueva ley, pero objetan la existencia de muchas cuestiones sin definir en el proyecto del Ejecutivo, un cheque en blanco que nadie quiere librar. "No establece un regulador único de la convergencia", señala Telecom.

13/11/2014

La empresa Telecom manifestó este jueves en el Senado que el proyecto de regulación de las telecomunicaciones "es un paso insuficiente para resolver los problemas que tienen lo usuarios y la industria".

Ante las comisiones de Sistemas, de Medios de Comunicación y de Libertad de Expresión, el director de asuntos jurídicos de Telecom Argentina, Alejandro Quiroga López, sostuvo que la iniciativa del Poder Ejecutivo "se queda a mitad de camino al no establecer un regulador único de la convergencia" para "todos los actores del sector TIC".

Además, el representante de la compañía consideró que "es inadmisible que el Estado se fije reglas para competir de privilegio" porque, según dijo, "ello atenta contra las inversiones existentes y desalienta cualquier tipo de inversiones en nuevas redes y mejores servicios a los usuarios".

Por otra parte, Quiroga López debió escuchar las críticas de los senadores por la calidad de los servicios que presta su empresa, al igual que por los de su rival Telefónica.

Las empresas que se ven afectadas por el proyecto, entre ellas grandes telcos, operadores de TV por cable, Pymes de telecomunicaciones y cooperativas, señalan desde hace dos semanas que se trata de "un proyecto inconsulto con la industria", ya que todos se enteraron de su existencia el mismo día del anuncio, apenas unas horas antes, cuando fueron invitadas a participar del evento.

Señalan también la vaguedad y ambigüedad del articulado: "No es un servicio público -observan-, pero el Estado tiene facultad para regular tarifas mayoristas y minoristas, remite muchas decisiones a una futura Autoridad de Aplicación sobre la cual no hay definiciones y menciona la apertura de las redes sin precisar si se aplicará a todos los operadores de telecomunicaciones o solamente a algunos".

Y en materia de regulación de tarifas señalan que "el proyecto, como en muchos otros puntos del articulado, carece de precisión, ya que su confusa redacción no permite saber si la regulación será a nivel mayorista o incluirá también el nivel minorista, y mucho menos identificar qué mecanismos se utilizarán para determinar los costos del servicio de forma tal que una tarifa política no atente contra el mantenimiento y desarrollo de las redes existentes".

En definitiva, todos los actores están de acuerdo con la necesidad de una nueva ley, pero objetan la carencia de muchas cuestiones por definir, un cheque en blanco que nadie quiere librar.


 

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