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PARA CALCULAR Y LIMITAR LAS CONCENTRACIONES CREDITICIAS

El Comité de Basilea sigue sumando regulaciones

Obsesionado por evitar próximas crisis globales, el organismo regulador del sistema financiero mundial diseñó nuevos criterios para reforzar y completar las normas actualmente vigentes. El resultado es el recientemente publicado “Marco supervisor para calcular y controlar grandes exposiciones al riesgo”.

17/4/2015

Es posible que, en parte, la culpa sea el motor que impulsa la casi obsesiva preocupación de los reguladores y supervisores bancarios internacionales por lograr que las entidades financieras fortalezcan su capital de modo de hacerlo resistente frente a cualquier contingencia y que, además, gestionen prudentemente los riesgos de contraparte que asumen.

No es ninguna novedad la obligación de calcular y limitar las concentraciones crediticias en un único cliente o en un conjunto de ellos estrechamente vinculados. En Argentina la relación técnica correspondiente se denomina fraccionamiento del riesgo crediticio.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en su publicación “Los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz”, dispone que: “el supervisor determina que los bancos cuenten con políticas y procesos adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar concentraciones de riesgo en el momento oportuno.

 Los supervisores establecen límites prudenciales que acotan las posiciones del banco frente a una misma contraparte o grupos de contrapartes vinculadas”.

Sin embargo, este precepto, totalmente aceptado por las regulaciones de los sistemas financieros nacionales, requiere un nuevo enfoque cuando se trata de medir este tipo de contingencia a nivel global en donde se debe contemplar a las megainstituciones que operan en todo o en buena parte del mundo.

Para consolidar eficazmente todas estas exposiciones, resultó necesario elaborar los criterios necesarios para unificar los distintos ámbitos en que se aplican dichas relaciones técnicas, los métodos de cálculo y los criterios para considerar los activos ponderados por riesgo.

Además de las garantías y los restantes tratamientos a los que se apela para acotar la incidencia de las eventualidades que reduzcan el valor de los activos y, por consiguiente, la calidad del capital.

Se hizo imprescindible, entonces, recurrir a las experiencias que dejó la crisis financiera y las normas que en consecuencia se sancionaron. En particular, se debió incorporar la nueva definición de capital y su relación proporcional al riesgo.

El nuevo enfoque fue recogido básicamente por Basilea III y por otros documentos que la complementan. Así, se comenzaron a modificar los criterios para calcular y consolidar las exposiciones de las contrapartes y se incorporaron nuevos factores para evaluar si distintas personas físicas y jurídicas sujetos de crédito conforman un conjunto interrelacionado económica o financieramente. Por ello, se ha considerado necesario lograr un estándar global de medición, para lo cual se ha dispuesto regular esas situaciones a efectos de definir y limitar la pérdida máxima que un banco podría sufrir en caso de quiebra de una de esas contrapartes, lo que podría hacer peligrar la solvencia de la entidad.

El asunto es que los requisitos mínimos de capital que establece el Pilar 1 asumen una cartera crediticia completamente desagregada, por lo que no se contempla ningún requisito de capital adicional por dicha concentración del riesgo. Sin embargo, ello no mitiga las consecuencias que pueden producirse ante el colapso súbito de un prestatario, que además pudiera arrastrar a otras contrapartes vinculadas.

Ante este escenario, el Comité de Basilea, ha observado que la definición del actual coeficiente de capital en función del riesgo no resulta una cobertura suficiente ante una contraparte significativamente expuesta.

El resultado -según destacó localmente NBS Bancos y Seguros- es el recientemente publicado “Marco supervisor para calcular y controlar grandes exposiciones al riesgo”. La clave es que para una efectiva medición se deberán identificar y consolidar todas las exposiciones ante terceros, según los criterios regulados en este documento, para compararlas con la base de capital exigida normativamente.

Aunque el plazo para su entrada en vigencia ha sido establecido para el 1 de enero de 2019, los supervisores jurisdiccionales podrán exigir una aplicación parcial a sus entidades, a efectos de facilitar su vigencia final e identificar las dificultades que pudieran presentarse.


 

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