Largas filas de gente en las calles con garrafas vacías de gas doméstico y colas de vehículos en las estaciones de servicio de gasoil, son ya imágenes cotidianas en las principales ciudades de Bolivia, a dos años y medio de la nacionalización de los hidrocarburos.

Los racionamientos alentaron la especulación y el mercado negro, con el surgimiento, por ejemplo, de revendedores callejeros a precios superiores a los establecidos, pese a que en Bolivia el precio de los combustibles está subvencionado.

El dirigente de los transportistas Franklin Durán criticó al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, cuya renuncia pidió.

Como respuesta, el gobierno de Evo Morales anunció que el próximo domingo, 8 de noviembre, el Estado retornará a la actividad productiva hidrocarburífera a través de YPFB-Andina SA, mientras la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos asumirá el control operativo y administrativo de la "nacionalizada".

Para asumir su nuevo rol, la recién creada YPFB-Andina SA "contará con una estructura propia y adecuada", aseguraron en la empresa al indicar que de esa manera podrá "llevar adelante sus operaciones", contando "con todo el personal requerido para la gestión técnico-administrativa".

El domingo 8 concluye el contrato de administración de la española Repsol-YPF, a partir de ahora socia minoritaria de YPFB-Andina, que como tal contará con seis gerentes y dos directores en la máxima instancia del gobierno de la petrolera.

Si bien con los españoles el gobierno de Bolivia logró un acuerdo dialogado desde el inicio del anuncio de la nacionalización, con la otra petrolera del "upstream", la Chaco de Pan American Energy, la situación aún está en suspenso puesto que si hay avances en las conversaciones, éstos se ignoran porque las autoridades encargadas nos los dan a conocer, según se quejaron medios de prensa en La Paz.